La compra de la cárcel de metal y su
vinculación con los sucesivos motines
en Libertad, es la bajada de esta nota de
la diaria, buena merca, mucha fruta, red.
Al menos desde marzo de 2004 el Estado sabe que las cárceles de
acero antivandálico son de chapa y se podían agujerear fácilmente,
al punto que a los pocos meses de compradas debieron ser sus rejas
reforzadas. Documentos de la Dirección Nacional de Cárceles (DNC)
a los que accedió la diaria así lo confirman, y quienes por estas horas
argumentan que todo fue legal figuran como protagonistas de
decisiones que ahora, parece, comienzan a ser cuestionadas. ¿Hasta
dónde investigará el Partido Nacional la adquisición de los módulos
carcelarios? ¿Hasta dónde el Frente Amplio desde el gobierno hará
una revisión? ¿Hasta dónde el Partido Colorado defenderá lo actuado?
Éstas son tres de las preguntas que deberían responderse, so pena de
caer, una vez más, en la carcelarización de la política.
El solo hecho de que Carlos de
Ávila haya sido enviado a mediados
de marzo de 2002 a Estados
Unidos por el entonces ministro
del Interior, Guillermo Stirling, a
comprar una cárcel para sustituir la
destrucción del Penal de Libertad,
habría sido en su momento por sí
solo un hecho de preocupación.
Pero no lo fue. De Ávila gastó los
casi tres millones en el establecimiento
apenas semanas antes de
que la Justicia lo procesara con
prisión (también al coordinador
general de Cárceles, Hugo Güira,
y al director del Comcar, Pablo Machado)
por abuso de funciones en
el desempeño de su cargo.
Había sido montado un esquema
en la DNC que permitía que un
preso pagase para acceder a una cárcel
“mejor”, que otros traficaran droga
ante la vista de todos, y que otros
entraran y salieran de la cárcel sin
conocimiento judicial alguno. Todo
podía pasar. Fue el juez penal de 8º
Turno (en aquel entonces a cargo de
Pablo Eguren) el que remitió a De
Ávila, quien pasó del despacho del
director de la DNC a ocupar el lugar
de preso. Quedaron en aquel entonces
expedientes abiertos por tráfico
de drogas y por otros manejos turbios
que se hacían sobre el mundo
carcelario. Ningún partido político
en aquel entonces objetó con fuerza
la adquisición de los módulos,
que además se hizo sin licitación ni
llamado a oferentes. Sólo empresas
nacionales que se vieron postergadas
pusieron el grito en el cielo. Y allí
quedó resonando.
El senador tupamaro Eleuterio
Fernández Huidobro fue el único
que sí salió al cruce, y habló de coimas
durante el proceso de compra y
anunció que pediría explicaciones.
Antes del procesamiento de De Ávila
(junio de 2002) hubo una seguidilla
de ahorcamientos en las ruinas
del penal de Libertad, en una suerte
de ajustes internos favorecidos por
la compleja situación generada en
el comando carcelario. La compra
de una cárcel prefabricada era la
solución. Se decía.
Ajuste de qué
En 1999 hubo un motín en Libertad
que literalmente destruyó las
instalaciones. El expediente que
investigó el hecho tiene testimonios
de presos, trabajadores de prensa y funcionarios carcelarios que indican
que fue un episodio armado
con apoyo policial. La sincronización,
los horarios, las actuaciones
de determinados jerarcas, son los
elementos que abonan la hipótesis.
Pero nunca se profundizó. Fue
aquel motín que Yuri Gramajo
transmitió en vivo y en directo por
Canal 4, en calidad de rehén, y sobre
el cual después escribió un libro
prologado por el propio Stirling. El
día del alzamiento no estaba previsto
que Yuri fuera al penal a realizar
tomas para su programa, pero de
mañana temprano le avisaron que
el momento había llegado.
El 1º de marzo de 2002, cuando
supuestamente se estaban por
inaugurar las refacciones de aquellos
destrozos, un nuevo motín sacudió
las estructuras. Una vez más
las sospechas sobre un acto digitado
cayeron sobre el alzamiento, en este
caso para ocultar el no vertimiento
de los fondos para encarar las reparaciones.
Por tanto, no son sólo
los casi tres millones de la cárcel de
“acero” y las coimas que Huidobro
sospechó que hubo, sino los otros
millones de dólares que se perdieron
por los arreglos “no hechos”
por lo ocurrido en 1999, y los que
debieron gastarse por los daños de
2002, y que ahora sí parecen haber
llegado a destino.
Antes de la revuelta de 2002 De
Ávila ya estaba siendo investigado
por la Justicia y eso se sabía públicamente,
pese a lo cual el gobierno
lo mantuvo hasta último momento
(y la oposición, blanca y frenteamplista,
no dijo ni mu), además de dejarlo
viajar y representar al Estado
en el exterior. Y el hombre cumplió,
se trajo una cárcel enterita desde
Estados Unidos, cuyas celdas súper
seguras fueron visitadas y hasta casi
elogiadas por dirigentes de todos
los partidos políticos.
Sale una chapa
“Permítaseme reflexionar finalmente,
que quizás sea necesario
comprender que la infraestructura
celdaria para los reclusos norteamericanos
o europeos no es adaptable
integralmente a las necesidades
funcionales para un establecimiento
de presos uruguayos”. La frase fue
escrita el 15 de marzo de 2004, un
año antes del cambio de gobierno,
por el ex director de Cárceles, Enrique
Navas, que continuó en el cargo
con la nueva administración. Pero
sólo por un tiempo.
Era el último párrafo de un informe
que Navas le mandó a Stirling
motivado por las facilidades
con las que los presos rompían el
nuevo centro de encierro. Ayer El
Observador publicó declaraciones
de “allegados” a Stirling, quienes
sostuvieron que se cumplió con el
contrato y recordaron la sesión parlamentaria
del 18 de junio de 2003,
cuando él; el director general de secretaría,
Guillermo Maciel; Navas; y
el entonces director de arquitectura
de esa cartera, Luis Zanzi, fueron a
explicar el proceso y la apertura del
centro metálico. Decía Zanzi: “En
Uruguay no existen normas antivandalismo.
Quien cree que una
cárcel no se puede destruir está
equivocado, pues lo que se puede
construir se puede destruir, pero
sí hay normas que tienen que ver
con los tiempos de retardo, que es el
tiempo que se tarda en romper”.
Zanzi, como jerarca especializado,
es uno de los que saben que
la cárcel de acero tiene problemas
desde su instalación, con las roturas,
con la instalación eléctrica, con
las entradas de aire, con el calor y el
frío y otras cuestiones. Por su orden
se resolvió suspender una medida
que, una vez ocupado el celdario
metálico, habría permitido paliar
los conflictos generados por la
infraestructura. Como se verá, el
mate, cuándo no en Uruguay, permite
resumir situaciones.
¿Armamos uno?
Cuatro días antes de aquel informe
mencionado, hubo otro con el mismo
origen e idéntico destino, uno
más de una serie de pruebas sobre
la situación que obtuvo la diaria. Y
decía: “Tal como se ha planteado
en reiteradas oportunidades a esa
secretaría de Estado y al Departamento
de Arquitectura, elevo a usted
un informe sintético dispuesto
por el director del Establecimiento
de Reclusión de Libertad, respecto
a los problemas de infraestructura
más acuciantes que se padecen en
dicho centro penitenciario, todo lo
que ha venido siendo constatado
por nuestros efectivos desde la habilitación
de los módulos de acero
‘antivandálicos’”.
El subrayado y la ironía de entrecomillar
lo de antivandálico es
copia fiel del original.
“Una de las importantes falencias”,
continuaba el informe, “es la de
la instalación eléctrica inadecuada,
que oportunamente motivó que el
suscrito autorizara una instalación
precaria para los reclusos”, decía el
director carcelario, quien reiteraba
politica
La necesidad de que “las empresas
participantes o quien se designe por
parte de esa secretaría de Estado,
tome a su cargo el completamiento
de obras y la refacción, acondicionamiento
(...)”. También en marzo,
pero el 24, Navas se comunicó por
escrito con Maciel, alertando sobre
las facilidades que los internos encontraban
para violentar lo supuestamente
inviolentable, poniendo el
énfasis “en que la tornillería utilizada
se adquiere en forma común
en nuestro mercado y que no son
necesarias herramientas especiales
para su desenrosque”, sino que con
las caseras que fabricaban los presos
alcanzaba. Por tanto solicitaba
que “se tome conocimiento desde
esa secretaría de Estado de la realidad”.
“Otro ejemplo, para mejor
proveer, lo constituye el hecho de
que la iluminación interna de todos
los módulos debió ser soldada para
evitar que los reclusos la desarmaran
y tuvieran acceso a la energía
eléctrica”, completaba el jerarca.
También pinta la situación el
hecho de que en octubre de 2003,
a poco de la inauguración, el Estado
haya necesitado presupuestar
la compra de materiales por 140
mil pesos, a saber: 35 rejillas metálicas,
850 bulones, 850 arandelas,
20 discos de corte de hierro y 20 kilos
de electrodos. Esto tenía como
finalidad, al menos una de ellas,
reforzar “las rejas” de las celdas de
la flamante cárcel. Todo este cruce
epistolar, además de dejar entrever
el enfrentamiento entre la DNC e
Interior, también refleja los indicios
que desde un primer momento se
tenían sobre la falsa cárcel de acero,
que desde el domingo y tras una publicación
de El País (en base a una
respuesta a un pedido de informes
realizado por el senador Gustavo
Penadés a Interior) se “sabe” que
es de chapa.
A principios de 2004 ya había
elementos suficientes. Desde el
ministerio se ordenó desarmar la
red eléctrica que las autoridades
de Libertad habían montado. En la
carta del 15 de marzo, Navas le decía
a Stirling: “Se dio estricto cumplimiento
a sus órdenes, eliminando
y suprimiendo las modificaciones
en la instalación eléctrica (...) no autorizadas
por el Departamento de
Arquitectura”. “No he adoptado medidas
disciplinarias respecto a las
‘irregularidades’ constatadas, por
cuando el suscrito como director
nacional, es el único responsable
de lo que la unidad ejecutora haga
o deje de hacer”, añadía.
Y culminaba explicando por
qué se había resuelto esa instalación:
“permitir a los reclusos calentar agua
para el mate, media hora por la mañana
y media hora por la tarde, de
forma alternada por sectores”. Caso
contrario igual lo lograban, por lo
que las autoridades habían recurrido
a esa opción para “impedir la
destrucción de los plafones de luz
‘Antivandálicos’ (sic), que los reclusos
estaban provocando mediante
la perforación de los mismos en
procura de obtener corriente para
calentar agua”. Y es que cuando hay
ganas de tomar mate, no hay cárcel
que lo impida ni “tiempo de retardo”
que lo detenga, por más “acero” que
haya de por medio. ■
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