Su relato define una situación de impunidad y desprecio por los bienes de terceros a la cual me refiero a menudo.
Esta mi campañita de prensa lleva años con efusivas pero muy contadas señales de aprobación o coincidencia. Tal vez debido a la tácita aceptación por cansancio de los delitos que se suceden –los hechos periodísticos de índole reiterada se desgastan, dejan de ser novedad– aunque me inclino a pensar que, más bien, mi tesis peca por basarse en un texto devaluado (Constitución de la República Oriental del Uruguay) en lugar de invocar derechos humanos insatisfechos, rótulo que desde tiempo atrás prospera en paralelo como si fuese de mayor autenticidad.
A quien dice gobernar “con la Constitución en la mano”, la oposición (blanca) recomienda “que también la lea”.
Más que dirigirle ironías, cabría sugerirle que efectivamente no se aparte de ella y propenda a perfeccionarla sin cocinar por separado supuestos avances en materia de derechos humanos cuyo lugar natural está ahí, en la ley máxima.
Resultante de perfeccionamiento y elecciones cuyo proceso abarca la historia misma del país que fue modelo, la Carta Magna debe aplicarse y servir a todo y cualquier turno de gobierno, pues rige plena hasta que la modifiquen quien(es) deben y pueden hacerlo.
Esa sumatoria suprema de conceptuación republicana y democrática prescribe que “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y (negreo el vocablo por mi cuenta) propiedad”, explayándose en el campo de Derechos, deberes y garantías con dispositivos como los de establecer que –además de los infractores directos o materiales, obvio– “todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas (...)”, “la propiedad es un derecho inviolable (...)” y “nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad”.
Pero, ahora, esto es blá-blá. En el marketing del populismo barato, el derecho de propiedad sufre la deformación de atender sobre todo al infractor-usurpador, menos al humilde que, a diferencia, es honesto, respeta y no patea.
Reprimir es verbo que se tilda exclusivo de la dictadura para, invirtiendo el orden real de causa y efecto, la fuerza igualmente abusiva que la despertó aparezca como robinhoodesca. Hoy, prender al delincuente (para empezar, los autores de pintadas) es función policial relativizada, máxime si la causa criminal recae sobre menor de edad, omitiendo que reprimir con ajuste a la ley es igualmente aplicable, indispensable, si, libres de uno y otro mal, recuperamos la cultura cívica que habíamos perdido.
Bajo las nuevas coordenadas, intrusos en bienes privados ajenos son injusticiados sociales con derecho a casa propia. Si invadieron terreno fiscal o margen de arroyo, al menos se les dará gratuita infraestructura de servicios básicos a solventar por los que ocupan viviendas que pagaron con trabajo y propio esfuerzo sostenido.
Desde gobierno y gremios, por tácito consenso se somete todo problema o reclamo a un mismo filtro, donde como borra que se atasca están los no-pobres. Por sobrentendida, la vieja lucha de clases que se creía superada rige con su secuela de rencor, odio y revancha, flechando la cancha de antemano a favor de trabajadores y en contra del patrón.
Condenar como pecado el haber prosperado antes de que ellos llegaran al poder representa, para comenzar, sigilosa adhesión a la Teología de la Liberación y su principio de que es lícito tomar, del otro, aquellos bienes esenciales de que se carece, atajo hacia caos y anarquía.
El criterio es uno solo. Totalmente equívoco, arbitrario, discriminatorio y separatista.
Por eso se vanaglorian los ladrones.
Por eso, el furor con que impunemente son dañados los bienes ajenos.
Por eso, si usted vive en Punta Carretas y se atrasa en sus aportes por la vía de la Contribución Inmobiliaria, el convenio regularizador le mantendrá multas y recargos que la misma Intendencia Municipal le exonera a los vecinos de La Teja.
Por eso, el librejo donde se consagra y pregona que “todas las personas son iguales ante la ley” es casi pieza de museo.
Fernando Caputi es ex ecitor de Ciudad Vieja - 20.8.07
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