187/Actuales - Del respecto a sí mismo - EcoUruguay

El reclamo de los piqueteros puede ser insignificante y, poco después, recibir financiación pública. Se puede recurrir a la Justicia y poco después injuriarla, o pedir la mediación de España y descalificarla. Se puede invocar el derecho internacional y violarlo; fomentar la forestación y reclamar contra los monocultivos. Se puede reconocer que 800 mil dólares vienen para financiar a los piquetes argentinos y acusar a la CIA de haber montado una operación… o afirmar que venían para Uruguay. Y a nadie se cae la cara de vergüenza.
23/8/2007

“En Entre Ríos hay muchos temas más importantes que las papeleras. Es lo principal nada más que para 500 personas que viven en Gualeguaychú”, decía, el 11 de enero pasado, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. Ese mismo 11 de febrero, el juez federal Guillermo Quadrini se declaraba incompetente para pronunciarse en la denuncia de Busti contra los responsables de las empresas Botnia y Ence y contra las autoridades uruguayas, por la intención de construir las plantas de celulosa. La denuncia pasaba a la Corte Suprema de la Nación. Busti había sido asesorado por la entonces abogada “ambientalista” Romina Picolotti.
Al día siguiente, 12 de enero, un grupo de seguidores de Busti enfrentaban a los piqueteros de Concordia que pretendían cortar el paso frente a Salto. No la policía dependiente institucionalmente de la Gobernación de Entre Ríos, sino una task force de seguidores políticos del gobernador. A la hora 22 de Uruguay, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) lograba obstruir el paso binacional. Pocos meses después, el gobernador Busti disponía de los dineros públicos para financiar a los piqueteros.
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Ese mismo 12 de enero, mientras en Gualeguaychú los parlantes anunciaban cáncer y malformaciones genéticas, y mientras la asambleísta María Rodríguez juraba que se suicidaría si contraía “cáncer por las pasteras”, los productores forestales de Entre Ríos cuestionaban severamente a Busti por impulsar una ley con miras a suspender la exportación de madera rolliza a Uruguay. El Concejo de Productores del Delta le hacía llegar una nota de protesta recordándole que “en su pasada gestión se estableció un régimen de promoción forestal provincial, como también se impulsaba la instalación de alguna planta celulósica”. Sobre la base de “aquella política fue la creación de una importante masa forestal en la provincia”, le reprochaban, y le recordaban: “Es público y notorio hacia dónde fueron las inversiones industriales”.Reconociendo como “legítima” la preocupación por el medio ambiente de “algunos vecinos de Gualeguaychú”, le recordaban que también tenían derechos los productores que “trabajan y dan trabajo produciendo materias primas renovables que a escala global sustituyen madera proveniente de bosques nativos que todos queremos proteger”. Le reclamaban que no promulgara la ley que pretendía prohibir la exportación de madera hacia Uruguay en caso de ser sancionada. Pero Busti reconocía que la iniciativa legal podría ser “inconstitucional”, con lo cual tranquilizaba también a los productores.
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Sólo un mes después, el 21 de febrero, la Corte Suprema se declaraba incompetente para entender en la denuncia de Busti y Picolotti contra Botnia, Ence y las autoridades uruguayas. La causa era devuelta al juez Quadrini, quien ya se había declarado incompetente.El procurador general de la Nación, Esteban Righi, consideraba que “los extremos invocados en apoyo de la competencia originaria son, al menos, prematuros e inconsistentes”, del mismo modo que resultaba absurda la imputación contra los gobernantes uruguayos, ya que “no se señala que ellos se encuentren desempeñando cargos en nuestro país que impongan la intervención (…) de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución”. Pero Picolotti, adelantándose al fallo que rechazaba sus argumentos, había declarado alegremente: “Con eso no ganamos nada ni perdemos nada”. No, aparte del decoro.
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El pobre juez Quadrini, que había enviado a la Corte Suprema la denuncia y la recibía nuevamente, estaba condenado a seguir las payasadas de Busti. Ya el 5 de diciembre anterior, el gobernador y el vicegobernador Pedro Guastavino le habían comunicado formalmente la nómina de los 23 directores del Banco Mundial, para enjuiciarlos por haber aprobado los créditos para las plantas de celulosa. Había aparecido en escena el abogado Juan Carlos Vega, patrocinante del gobierno de Entre Ríos (para el cual fue designado en forma directa, con un sueldo mensual de 45.000 pesos uruguayos mientras dure el litigio). Según el letrado, con la aprobación del crédito “se estaría concretando un delito de contaminación en grado de tentativa”. En el escrito de Vega, Busti expresó “el formal pedido de que se profundice la investigación” y la “urgente citación a prestar declaración indagatoria” a los directivos por “sospecha de participación en la comisión del delito tentado”.
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Es de imaginar que, cuando veía acercarse a algún funcionario, asesor, patrocinante o familiar de Busti, el juez Quadrini caía en pánico por el tipo de cosas sobre las que debería pronunciarse.Así, el 5 de marzo de este 2007 debió rechazar un pedido del gobernador para que prohibiera el tránsito a Uruguay de camiones que transportaran material para las plantas. Sostuvo en su fallo que, como a cualquier habitante de la Tierra se le podría ocurrir, se trataba de un tema ajeno a su competencia. Las Asambleas de Gualeguaychú y Colón, que cortaban dos de los tres puentes, no sólo habían respaldado el pedido de Busti (aquel que dos meses atrás dijera que lo suyo no era importante), sino que ponían como condición para levantar el piquete la prohibición judicial al tránsito de camiones. Busti, a su vez, pretendía que levantaran el bloqueo para permitir una negociación entre los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, pero las asambleas de Gualeguaychú y Colón habían rechazado su pedido alegando que previamente Uruguay debía suspender la construcción de las plantas, como ya lo había reclamado Kirchner.
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Cuestionado permanentemente por el gobernador Busti, el vicegobernador Guastavino y su asesor legal Vega –quienes le reprochan que todavía no haya enviado presos a los directivos del Banco Mundial y de las empresas de celulosa, así como a los gobernantes uruguayos, y anuncian cada tanto que promoverán su remoción del fuero judicial–, el juez Quadrini se encontró un día con una denuncia en sentido contrario: los vecinos de Concordia, impedidos de ejercer su derecho al libre tránsito, contra los piqueteros de esa localidad.Libró orden a la Gendarmería Nacional para que asegure la libre circulación en los tres puentes, pero pasaron varias semanas durante las cuales las “fuerzas del orden” ignoraron su mandato. Fue acatado recién el 18 de agosto, y sólo en Concordia.Y el gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, le reprochó un par de días después, que no hubiera dispuesto lo mismo para la “ruta del Mercosur”. “La ruta 14 no se hubiera cortado si Quadrini hubiera librado la misma orden”, adujo él, que aparentemente no tiene responsabilidad sobre lo que ocurre en la provincia de la cual se presenta como “primer mandatario”.
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No tan afecto al Derecho se mostró el diputado nacional Juan Carlos Lucio Godoy (Concertación Entrerriana).El 20 de agosto, el integrante del Poder de la Nación que se dedica a aprobar las leyes, afirmó que “los cortes y la lucha son el único camino para los ambientalistas y el pueblo de Gualeguaychú”, ya que “de lo contrario se estará claudicando. Y eso no es violencia”, aclaró: “es hacer lo que omiten los gobernantes, que en definitiva son meros mandatarios de un pueblo”. El diputado se preguntó si, en caso contrario, deberían “esperar la defensa del gobernador (Jorge Busti) que se parece más al tero que a un estadista”. Consideró “ilógico pensar que las luchas populares se limiten a las acciones burocráticas del área de Medio Ambiente, o de un apoyo a la tarea de relaciones exteriores y esperar en sus casas que el daño llegue. Eso no sólo es utópico sino estúpido”.Continuando con su argumentación ¿jurídica?, el diputado se preguntó si una alternativa para los entrerrianos sería “esperar que la Cancillería cambie después de hacer diplomacia con el Rey de España en vano durante tantos meses y encima todo va peor”. No perdió oportunidad de pasar todas las facturas que pudo reunir: “Esta actitud de lucha está cantada, es obvia, porque ha sido anunciada desde el comienzo, y desde el gobierno provincial –lugar en donde alentaron las movilizaciones– no pueden ahora, como ignorando lo que es un comportamiento social que acumuló desazón en el tiempo y también frustraciones, reclamar que hagan caso al reclamo político de gobernantes oportunistas que quieren desmovilizar”.“Ni qué decir de una diplomacia argentina que mantiene los mismos dirigentes, salvo (el ex canciller Rafael) Bielsa que originó todo esta situación. Diplomacia que desde la CARU tuvo un claro error por omisión, que es tan grave como por acción. Diplomacia que después de decir junto al Presidente de la Nación (Néstor Kirchner) que ésta era una causa nacional, ahora sin embargo hasta son tolerantes con el dragado de los ríos en zona de Nueva Palmira, en territorio uruguayo [¿?], que permitirá funcionar mejor a la empresa Botnia”.“Los pueblos que en la historia de la humanidad han hecho valer sus derechos lo lograron con movilizaciones, que son más o menos pacíficas en la medida que tengan comprensión y contención de sus gobernantes. De lo contrario, ellos serán responsables de las consecuencias por no haber sabido dar respuestas o realizar acciones fuertes y dinámicas acordes con la gravedad del asunto”, agregó, en un estilo de amenaza encubierta emparentado con el del referente piquetero Jorge Fritzler.
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Ese mismo 20 de agosto en que un legislador nacional convocaba a desobedecer las leyes, el piquete cortaba la ruta 14, clave para la región. Esta vez, la Gendarmería se limitó a montar un dispositivo de seguridad para impedir roces entre manifestantes y conductores. Decenas de camiones debieron esperar a que concluyera la protesta para reanudar su camino.
El mismo día, el piquetero Jorge Fritzler era citado por el Quadrini a raíz de sus anuncios a El País, el 12 de ese mes, sobre posibles atentados con panes de trotyl contra la planta y las barcazas de la fábrica de celulosa.Uruguay había enviado el 19 una queja por las amenazas, y la Procuraduría General de la Nación Argentina pidió al juez que citara a Fritzler. Indignado, el asambleísta José Pouler se quejaba en declaraciones a El País: el gobierno argentino “asume que los dichos son terroristas. Cuando uno desgraba la nota, él lo que dice son cosas que la gente manifiesta. Acá hay un montón de gente que por decir algo, dice ‘yo tiraría un avión contra Botnia’, pero lo hacen a título personal. La asamblea siempre ha demostrado ser pacífica. Nunca ha habido agresión alguna”. Al igual que Busti, Guastavino y Vega, Pouler anunciaba que la Asamblea presentará una queja ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Quadrini. “Es el juez federal que entiende en la causa contra Botnia y no se ha expedido, sin embargo ante un pedido de los comerciantes mandó la orden de ley para que fuera desalojado Concordia”, arguyó. Aludía al pedido de procesamiento que Busti, Guastavino y Vega efectuaron contra los directivos de Botnia por “tentativa de contaminación”. Tras el incidente durante la manipulación de sulfuro de sodio, Vega había increpado públicamente a Quadrini: “Ya tiene las víctimas que pedía”. Es que el magistrado pidió pruebas para avanzar en esa causa, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Pouler afirmó que, además de las tres mujeres que dijeron haber sido afectadas por el escape de sulfuro de sodio, hubo guardacostas argentinos afectados. Preguntado por El País cómo lo sabía, el líder piquetero afirmó: “Lo dicen sus parientes”.
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El mismo 20 de agosto, la ahora secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, autora de la demanda rechazada por la Justicia de su propio país, postulaba que “lo importante es no focalizar sobre el reclamo específico de la gente sino en el motivo, que es la situación de ilegalidad que ha tenido la instalación de Botnia en un recurso compartido”. Admitía que el reclamo de prohibir la exportación de madera a Uruguay “no va a impedir lo que reclama Argentina”.Porque aquella ley que, según dijo Busti a los productores, probablemente era inconstitucional, en definitiva fue aprobada, él la promulgó, y ahora los piqueteros reclaman que tenga jurisdicción nacional. Picolotti no olvidó los orígenes de su sorprendente ascenso al poder: “La Asamblea de Gualeguaychú tocó las puertas del gobierno provincial cuando no estaba Busti gobernando, y nunca fue atendida. Cuando llegó Busti al gobierno fue atendida y también por el gobierno nacional, que recibió a la asamblea muchas veces en Cancillería”.
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Ahora que el juez Quadrini no está para prohibirlo (previsiblemente, se encuentra con licencia médica), y como Entre Ríos no tiene un gobierno que considere responsabilidad propia el cumplimiento de la Constitución, el piquete ratificó un nuevo corte de la ruta 14 para el próximo domingo.Según Análisis Digital (23/08/2007), la medida se extenderá durante cuatro horas, se efectuará una asamblea sobre la autovía, y se elaborará un documento para pedir informes oficiales al gobierno uruguayo (una asamblea de 200 vecinos le va a pedir al gobierno de otro país un 'informe oficial') “respecto del caso de contaminación producido la semana pasada en la cuestionada empresa”. Además, se resolvió escribir una carta pública al gobernador Busti repudiando su pedido al juez federal Quadrini para que impida el corte de esa ruta.
Pero al mismo tiempo acusan a la senadora, primera dama y aspirante a la Presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, que no los haya recibido. “La asambleísta Estela Vence señaló que ‘nadie ha podido hablar con ella de esto, entonces no sabemos nada de lo que piensa’ sobre el tema y volvió a reclamar una respuesta”.
El corte reclamará una “Ley nacional de la madera: impedir que Botnia se abastezca de madera argentina”, “Que prefectura nacional no custodie los barcos que arriban al puerto ‘ilegal’ de Botnia”, “Que nuestro gobierno no financie una ruta en territorio uruguayo que ‘beneficia indirectamente’ a Botnia”, “Que el gobierno no financie ni comparta el dragado del canal Martín García en el Río de la Plata ya que ‘favorece los intereses’ de Botnia”, “Que la empresa con capitales finlandeses Kemira no produzca químicos en territorio argentino”, “Urgente respuesta al pedido de audiencia que la Asamblea solicitó a la senadora nacional Cristina Kirchner”, “Medidas concretas frente a las reiteradas violaciones del Tratado del Río Uruguay y el dragado unilateral por parte del Estado uruguayo”, “Que el gobierno nacional se expida públicamente y tome medidas concretas por la ‘intoxicación de habitantes de Gualeguaychú’ por las pruebas que actualmente realiza Botnia”.
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En esta cadena de dichos y desdichas, no sorprende siquiera que el jefe de Gabinete del gobierno argentino, Alberto Fernández, haya afirmado que los famosos 800 mil dólares que cayeron en su país estuvieran destinados a Uruguay.El gobierno uruguayo consideró “irresponsable” la afirmación.“Que nos dejen de usar como coartada para ellos, por favor”, reclamó este miércoles el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa. “Un hombre aparece en Buenos Aires con 800 mil dólares en un avión contratado por una empresa argentina, y dice (Fernández) que la valija viene para acá. ¿Cuál es el fundamento?”, preguntó. El tema había sido abordado el lunes durante la sesión del Consejo de Ministros. Los ministros y el propio presidente Tabaré Vázquez calificaron de “disparate” y de “una locura” que se intentara vincular a integrantes del gobierno con el empresario venezolano, según El País. Señalaron que en la sesión se entendió que, ante la queja uruguaya por las amenazas contra Botnia, la administración de Néstor Kirchner dio dos respuestas, “una diplomática y otra por fuera”, que fue la acción de Alberto Fernández de vincular a Antonini Wilson “con Uruguay”.

En realidad, y pese a que no tuvo suficiente repercusión, ya alguien se responsabilizó por el destino de los dólares.Nadie sabía quién era Guido Antonini Wilson, el ahora famoso hombre de la valija, cuando ecoUruguay preguntaba, ya que los “ambientalistas” dejaron de hablar de contaminación para rechazar “a las multinacionales”, si las hay “malas” y “buenas”, y si éstas son intrínsecamente “buenas” o sólo mientras existan gobiernos de lenguaje “antiimperialista”. Fue el 15 de agosto, tres días después de las amenazas de Fritzler, tres días antes de que la Gendarmería impidiera por mandato judicial el corte de Concordia, cuando el diario perfil publicaba la siguiente nota:
No aclaren que oscureceLuis D'Elía admitió el apoyo económico de Chávez a los piqueterosEl ex funcionario reconoció que los actos de Mar del Plata y Ferro fueron apoyados por el chavismo. “A eso nadie lo puede negar”, dijo. “Nos pagan colectivos y nos ayudan a movilizar a los compañeros”.
Perfil.com, 15.08.2007

En medio del escándalo de la valija con 800.000 dólares que un ciudadano venezolano intentó ingresar al país, el líder de la Federación de Tierra y Viviendas (FTV), Luis D' Elía, finalmente admitió hoy que el gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, ha financiado actividades de los piqueteros, tras haber negado ayer que recibieran ayuda de Venezuela.“El acto de Mar del Plata y el de Ferro fueron financiados por el chavismo, eso nadie lo puede negar”, indicó el piquetero. “A nosotros, a funcionarios determinados, nos pagan colectivos y demás, nos ayudan a movilizar a los compañeros, pero de allí a financiar organizaciones, nosotros lamentablemente no sabemos nada”, aseguró D’Elía, en el programa 23 Minutos, conducido por Gerardo Rozín, en el canal C5N.

En momento en los que el Gobierno de Néstor Kirchner intenta despegarse del escándalo de la valija con dinero, D’Elía consideró ayer “una canallada” las versiones que indicaban que los 800.000 dólares ingresados por el empresario Guido Antonini Wilson, sin declarar, estaban destinados a financiar movimientos piqueteros afines al chavismo.Al ser consultado por el origen de los fondos, el piquetero dijo no saberlo. “No tengo idea, no conozco”, señaló. También dijo desconocer cómo llegó el dinero para financiar los actos de Mar del Plata y Ferro. “La habrán trasladado con una transferencia bancaria”, indicó.“No debe haber incautos en esto”, agregó D'Elía, porque, dijo, “hay financiamiento internacional de todos los colores”. En este marco, D'Elía insistió que los casi 800 mil dólares que llevaba Antonini Wilson no fueron para financiar a los piqueteros.
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Dos días antes, el mismo caudillo había dado otra explicación.
La curiosa explicación del piquetero D'Elia sobre el escándalo de la valijaD'Elia le echó la culpa de todo a la CIA Según interpretaciones realizadas por el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D'Elía, la CIA estaría involucrada en el escándalo de la valija con 800 mil dólares que llegó al Aeroparque en un vuelo oficial.
CrónicaTV, 13/8/2007
A la vez, tal como manifestó el ex líder piquetero, el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, quien viajó a Buenos Aires acompañado por funcionarios argentinos, sería un espía. “¡Esto fue una maniobra de los servicios de inteligencia norteamericanos! Quieren lesionar la relación entre Kirchner y Chávez. El hombre de la valija era un servicio”, acusó D'Elía. El ex funcionario kirchnerista dio lugar a esos argumentos luego de desligarse de una hipótesis surgida desde la oposición en la que se dijo que el dinero en cuestión era para financiar a su movimiento piquetero y a varios grupos afines a Chávez.

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El jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, ha sido reiteradamente acusado de especializarse en guerra sucia.Así lo hizo recientemente, por ejemplo, el periodista de Clarín que informó sobre las gravísimas irregularidades comprobadas en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Para defender a Picolotti, Fernández afirmó entonces que el periodista se había basado en una denuncia de un ex funcionario (pero no desmintió su información).Fernández ha protagonizado también varios actos de guerra sucia durante el conflicto con Uruguay, entre otros los vinculados al incumplimiento por su país de su obligación de dragar el río Uruguay.Los mismos nombres, una y otra vez. Y la misma actitud: “Como te digo una cosa, te digo la otra”.