Casi no coincido en nada, igual debe pasar con los lectores de
"busblogger", pero es bueno leer "la otra parte" de "parte"
de alguien pensante, con "sus" argumentos, por más que los
que compartan, por ejemplo, los dichos de Louis (318)
los clasifiquen de "clasistas" y como "neoliberales", lo que
a mí tampoco me gusta nada.
De paso, el índice de todas las entradas sigue
estando entre la 271 y la 272, disfruten blogeros..., rb
¿Cómo se hace para obligar a alguien a trabajar? ¿Se lo militariza? ¿Se lo declara esclavo? La pregunta que sigue, entonces, es obvia. ¿Por qué nuestro ejemplo va a ser un disparate cuando el empleador es un privado, y política oficial cuando se trata del Estado?
Los diarios comentaron el sábado que la ministra de Salud Pública dijo que si los anestesistas insisten en renunciar, podrían perder sus títulos. Ante esto, propongamos un ejercicio. Imaginemos que el director de un hospital privado pide una entrevista al ministro de Trabajo y le dice “Señor ministro, tengo un grupo de anestesistas que amenazan con renunciar si no les pago más de $ 250 la hora. Yo les dije que si renunciaban les aceptaría la renuncia, pero me renunciaron igual. Yo podría, por cierto, contratar otros anestesistas, pero los demás también se niegan a trabajar por menos de $ 250 la hora. Y también podría contratar anestesistas extranjeros, pero por esa plata ni me atienden el teléfono. Y si les pago lo que me piden tendré que gastar menos en otras cosas. Por eso, vengo a pedirle que usted dicte una orden para obligarlos a seguir trabajando aunque no quieran”. Una vez superado el ataque de risa el ministro de Trabajo saldría seguramente a la prensa comentando sobre la increíble posición del empresario privado, que pretende desconocer el derecho de huelga consagrado por la Constitución. Y diría también que la cosa es más clara todavía cuando el trabajador renuncia, porque allí se agrega una cuestión fundamental de libertad. ¿Cómo se hace para obligar a alguien a trabajar? ¿Se lo militariza? ¿Se lo declara esclavo? La pregunta que sigue, entonces, es obvia. ¿Por qué nuestro ejemplo va a ser un disparate cuando el empleador es un privado, y política oficial cuando se trata del Estado? La primera respuesta tiene que ver con Luis XIV. En las monarquías absolutas el rey recibía su poder de Dios, no de los hombres, y por eso su poder no estaba limitado por nada que proviniera de los hombres. Las leyes que dictaba el soberano, o los órganos legislativos que éste autorizaba, obligaban a los súbditos pero no al soberano. Luis XIV no estaba sometido a las leyes, sino que se ubicaba por encima de ellas. Y por eso mismo la misma situación podía tener dos soluciones distintas, según el interesado fuera un vulgar súbdito, o el monarca.En lo personal, nos llamó muchísimo la atención algo que pasó hace más o menos un año, cuando el sindicato de ANTEL ocupó la plata baja de la Torre de las Comunicaciones. Los sacaron cortitos, enseguida. Y algunos meses después, cuando el sindicato de funcionarios del Ministerio de Economía anunció que pensaba ocupar la sede del Ministerio, se repitió el mismo curioso fenómeno: enseguida se les avisó que si ocupaban, los sacaría la Policía. Parece, entonces, que tenemos dos reglas distintas, una para los súbditos, y otra para el soberano. Ocupar empresas privadas, se puede. Oficinas públicas, no se puede. Pero ¿de dónde sale la diferencia? De la ley, no sale. No hay ninguna ley que autorice las ocupaciones, están autorizadas por un decreto del MTSS que no distingue entre públicos y privados. ¿Dónde está la diferencia, entonces? A Luis XIV esta diferencia no le llamaría la atención. A nosotros nos desconcierta. Lo interesante es que el mismo Estado que somete a los empresarios privados a toda clase de abusos, se enoja en cuanto recibe una dosis de su propia medicina. Y también llama la atención que el Estado no aproveche su propia experiencia para reflexionar si las reglas que impone a los privados son razonables. Se limita a aplicar dos reglas distintas, una para los demás, y otra para sí.Lo segundo, tiene que ver con la pretensión de pasar los juicios laborales del Estado a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo. ¿Qué es lo que no le gusta al Estado de los Juzgados laborales? ¿Qué fallan a favor de los trabajadores? Pero si eso está mal, lo lógico sería pasar todos los juicios laborales a los Juzgados en lo Contencioso, no sólo los del Estado. La solución que se pretende, sin embargo, es que haya dos respuestas distintas a la misma pregunta, según el interesado sea el Estado o un privado. A Luis XIV la propuesta no le hubiera sorprendido en lo mas mínimo.Y la reflexión final se relaciona con una nota que escribimos hace algunas semanas, cuando dijimos que el Estado no perdía juicios porque estuviera mal defendido, sino porque tomaba decisiones indefendibles. En este caso ¿alguien ha asesorado a la ministra, diciéndole que efectivamente tiene el derecho de su lado y que va a poder quitarle el título a los que renuncien? Nos cuesta creerlo. Pero por las dudas nos permitimos ofrecer una sugerencia: si tales existen, debería pedírseles que den sus opiniones por escrito, que se comprometan a defender los juicios si se hace lo que dicen, y que se les informe que serán despedidos si pierden. Con eso, el tema se soluciona en cinco minutos. Si el Poder Ejecutivo decide seguir adelante con su amenaza, perderá otro juicio mas. Y entonces le echará la culpa a los abogados que defendieron mal el juicio, o a los jueces que no entienden nada, o creará juzgados especiales para que favorezcan sus intereses. Hará toda clase de cosas, menos autocrítica. Lo del título, a nuestro juicio, apunta en la dirección correcta. Uruguay es uno sólo. Nuestra Constitución es una sola. El artículo que dice que la huelga es un derecho gremial, también es uno sólo. Si al Estado le parece que algo está mal cuando se lo hacen al Estado, debería pensar lo mismo cuando se lo hacen al sector privado. Y si le parece que la conducta está bien para el sector privado, debería hacerse de paciencia y a tolerar republicanamente cuando le aplican su propia medicina. Uruguayos, somos todos.
Que quede claro...
Una de las características salientes de este período de gobierno en lo político, es la crudeza con que se ha influenciado en los medios de comunicación , mediante la amenaza, la generación de temor y la utilización de los medios económicos como el medio de hacerlo efectivo.Todo comenzó cuando el Presidente Vázquez, en una actitud sin precedentes, calificó a los medios y a los periodistas en opositores o no. Nunca un primer mandatario se había internado en un terreno que le es impropio no sólo por la investidura que le confiere la soberanía sino que por la prudencia con la que debe de ejercer el poder ciudadano. El presidente advirtió, marcó la línea, con una pasmosa claridad se supo que había, desde el poder, un concepto de amigo-enemigo que no tiene antecedentes en la historia política del país. . Una innovación que de haber partido de otras tiendas tendría en vilo a las asociaciones profesionales relacionadas con la información. Ahora es el Directorio de ANTEL que bajo la presidencia de la Sra. María Simon ingresa en una práctica que daría envidia a la KGB o a la Gestapo. En forma directa se amenaza con el poderío económico de un ente que ha presupuestado 16 millones de dólares para gastar en publicidad. Y que nadie crea que una persona baqueana como el Sr.Visillac, profesional de gran nivel en comunicación , se lanzó solo a esta aventura descocada e insólita de advertir acerca de represalias económicas a quienes hacen uso del derecho a crítica. A ANTEL no se la puede criticar, es el mensaje – alto y claro – de la abultada billetera. Se arroga la Sra. Simon y sus compañeros el derecho de imponerle nota a los periodistas y según sea ella se conseguirán o no los suculentos avisos. Una cuestión interesante para los analistas, que algún día deberán de ocuparse, es una suerte de impunidad ante la opinión que disfruta el Frente Amplio, no sólo para las volteretas, sino para la violación de códigos de comportamiento hasta ahora respetados. Jamás se había visto en nuestro país una crudeza mayor, ni tan grande sentido de la impunidad. Es más, después de la noticia que no tuvo la resonancia que debió tener, y allí está su primer efecto en el sentido que se buscaba, se anuncia una visita a cada diario, canal y radio para “ bajar línea” oficial de ANTEL. Cuidado con señalar que ADINET es el peor servicio de internet, las consecuencias pueden ser dolorosas para las agencias de publicidad, para los propietarios de los medios, para los propios periodistas que no querrán incurrir en las iras de sus patrones atreviéndose a criticar a esta gente. Estamos todos advertidos. Que quede claro…Los diarios comentaron el sábado que la ministra de Salud Pública dijo que si los anestesistas insisten en renunciar, podrían perder sus títulos. Ante esto, propongamos un ejercicio. Imaginemos que el director de un hospital privado pide una entrevista al ministro de Trabajo y le dice “Señor ministro, tengo un grupo de anestesistas que amenazan con renunciar si no les pago más de $ 250 la hora. Yo les dije que si renunciaban les aceptaría la renuncia, pero me renunciaron igual. Yo podría, por cierto, contratar otros anestesistas, pero los demás también se niegan a trabajar por menos de $ 250 la hora. Y también podría contratar anestesistas extranjeros, pero por esa plata ni me atienden el teléfono. Y si les pago lo que me piden tendré que gastar menos en otras cosas. Por eso, vengo a pedirle que usted dicte una orden para obligarlos a seguir trabajando aunque no quieran”. Una vez superado el ataque de risa el ministro de Trabajo saldría seguramente a la prensa comentando sobre la increíble posición del empresario privado, que pretende desconocer el derecho de huelga consagrado por la Constitución. Y diría también que la cosa es más clara todavía cuando el trabajador renuncia, porque allí se agrega una cuestión fundamental de libertad. ¿Cómo se hace para obligar a alguien a trabajar? ¿Se lo militariza? ¿Se lo declara esclavo? La pregunta que sigue, entonces, es obvia. ¿Por qué nuestro ejemplo va a ser un disparate cuando el empleador es un privado, y política oficial cuando se trata del Estado? La primera respuesta tiene que ver con Luis XIV. En las monarquías absolutas el rey recibía su poder de Dios, no de los hombres, y por eso su poder no estaba limitado por nada que proviniera de los hombres. Las leyes que dictaba el soberano, o los órganos legislativos que éste autorizaba, obligaban a los súbditos pero no al soberano. Luis XIV no estaba sometido a las leyes, sino que se ubicaba por encima de ellas. Y por eso mismo la misma situación podía tener dos soluciones distintas, según el interesado fuera un vulgar súbdito, o el monarca.En lo personal, nos llamó muchísimo la atención algo que pasó hace más o menos un año, cuando el sindicato de ANTEL ocupó la plata baja de la Torre de las Comunicaciones. Los sacaron cortitos, enseguida. Y algunos meses después, cuando el sindicato de funcionarios del Ministerio de Economía anunció que pensaba ocupar la sede del Ministerio, se repitió el mismo curioso fenómeno: enseguida se les avisó que si ocupaban, los sacaría la Policía. Parece, entonces, que tenemos dos reglas distintas, una para los súbditos, y otra para el soberano. Ocupar empresas privadas, se puede. Oficinas públicas, no se puede. Pero ¿de dónde sale la diferencia? De la ley, no sale. No hay ninguna ley que autorice las ocupaciones, están autorizadas por un decreto del MTSS que no distingue entre públicos y privados. ¿Dónde está la diferencia, entonces? A Luis XIV esta diferencia no le llamaría la atención. A nosotros nos desconcierta. Lo interesante es que el mismo Estado que somete a los empresarios privados a toda clase de abusos, se enoja en cuanto recibe una dosis de su propia medicina. Y también llama la atención que el Estado no aproveche su propia experiencia para reflexionar si las reglas que impone a los privados son razonables. Se limita a aplicar dos reglas distintas, una para los demás, y otra para sí.Lo segundo, tiene que ver con la pretensión de pasar los juicios laborales del Estado a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo. ¿Qué es lo que no le gusta al Estado de los Juzgados laborales? ¿Qué fallan a favor de los trabajadores? Pero si eso está mal, lo lógico sería pasar todos los juicios laborales a los Juzgados en lo Contencioso, no sólo los del Estado. La solución que se pretende, sin embargo, es que haya dos respuestas distintas a la misma pregunta, según el interesado sea el Estado o un privado. A Luis XIV la propuesta no le hubiera sorprendido en lo mas mínimo.Y la reflexión final se relaciona con una nota que escribimos hace algunas semanas, cuando dijimos que el Estado no perdía juicios porque estuviera mal defendido, sino porque tomaba decisiones indefendibles. En este caso ¿alguien ha asesorado a la ministra, diciéndole que efectivamente tiene el derecho de su lado y que va a poder quitarle el título a los que renuncien? Nos cuesta creerlo. Pero por las dudas nos permitimos ofrecer una sugerencia: si tales existen, debería pedírseles que den sus opiniones por escrito, que se comprometan a defender los juicios si se hace lo que dicen, y que se les informe que serán despedidos si pierden. Con eso, el tema se soluciona en cinco minutos. Si el Poder Ejecutivo decide seguir adelante con su amenaza, perderá otro juicio mas. Y entonces le echará la culpa a los abogados que defendieron mal el juicio, o a los jueces que no entienden nada, o creará juzgados especiales para que favorezcan sus intereses. Hará toda clase de cosas, menos autocrítica. Lo del título, a nuestro juicio, apunta en la dirección correcta. Uruguay es uno sólo. Nuestra Constitución es una sola. El artículo que dice que la huelga es un derecho gremial, también es uno sólo. Si al Estado le parece que algo está mal cuando se lo hacen al Estado, debería pensar lo mismo cuando se lo hacen al sector privado. Y si le parece que la conducta está bien para el sector privado, debería hacerse de paciencia y a tolerar republicanamente cuando le aplican su propia medicina. Uruguayos, somos todos.
Que quede claro...
El Observador
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