Hacia un nuevo paradigma del funcionario público
El subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Humberto Ruocco, entiende que la mayor virtud de la Reforma el Estado en curso es su “legitimidad política”, advierte que “tenemos que hacer pasar el programa por la estructura existente, poniéndola en combate para que haga lo que queremos se haga; no se puede hacer un Estado paralelo” y asegura que “estamos generando un nuevo paradigma del funcionario público”.
Según Ruocco, “el objetivo de la reforma es construir un Estado democrático y una administración solidaria, profesional, eficiente, transparente y de calidad. Su conducción, forma de aplicar el método y marca de tiempos corresponde al liderazgo del presidente de la República, primer principio para toda política pública. Estos temas sufrieron desgaste por su abusiva utilización pero, como dijo el contador Enrique Iglesias, ‘la gran reforma pendiente en América Latina es la del Estado”.
Según Ruocco, “el objetivo de la reforma es construir un Estado democrático y una administración solidaria, profesional, eficiente, transparente y de calidad. Su conducción, forma de aplicar el método y marca de tiempos corresponde al liderazgo del presidente de la República, primer principio para toda política pública. Estos temas sufrieron desgaste por su abusiva utilización pero, como dijo el contador Enrique Iglesias, ‘la gran reforma pendiente en América Latina es la del Estado”.
Asimismo, como la sociedad civil impulsa cambios, “el Estado debe lograr y asumir transformaciones en forma democrática y con todos sus actores - gobierno elegido por la ciudadanía, organizaciones sindicales, actores económicos -. Esas transformaciones no pueden ser burocráticas y cada actor debe poder incidir y tener su espacio y su tiempo”.
El Frente Amplio (FA), “llegó al gobierno con un programa de cambios, presentado a la ciudadanía y expresado por el presidente Tabaré Vázquez en el ‘Uruguay democrático’, eje de la campaña electoral. Desde allí se generó el plan que da la posibilidad de instrumentar el programa y de conocer al Estado desde dentro, porque desde fuera sólo se obtienen reflejos de su funcionamiento”.
Nadie quiere arrasar al Estado
“Cuando hablamos de ‘transformación’”, sostuvo el funcionario, “no referimos a arrasar al Estado, sino de modificar lo que traba el desarrollo del ‘Uruguay productivo’. La construcción del Estado debe verse como un legado que expresa la solidaridad entre generaciones. Debemos dar posibilidades de participar en el debate a organizaciones sindicales y actores económicos, junto al gobierno que asumió el 1º de marzo de 2005 y ya el 17 convocó al Consejo Superior de Salarios de la administración pública. Si no viene pensado desde fuera, es muy difícil que los tiempos alcancen para lograr en 17 días dejar instalada esa negociación colectiva”.
¿Cuáles son los alcances que puede tener la negociación entre gobierno y organizaciones sociales?, ¿estamos hablando de cogobierno?
Si se instrumentan cambios desde la autoridad, es posible que no se puedan implantar. Vale la pena el tiempo que se utilice para análisis, generación de plataformas y programas y proyectos participativos. La ONSC ha instalado un programa – “Transformación de los recursos humanos del Estado” – que contiene cuatro grandes proyectos: “Sistema ocupacional y retributivo” – hay que reducir 262 objetos de gasto por los que se pagan retribuciones (rubro 0) a sólo cinco -, “Sistema de la gestión de los recursos humanos en el Estado” – tratando de dar unidad a la administración central, hoy absolutamente diversa, en dependencia del inciso que se analice -; creación de una nueva ley del servicio civil y fortalecimiento de la ONSC.
Todos los nuevos gobiernos refieren a los anteriores fustigándolos, ¿qué dicen ustedes haber encontrado?
Un Estado absolutamente vaciado, desguazado, con su sistema de decisiones desarticulado, envejecido, desacostumbrado al diálogo con los ciudadanos y en situación caótica. Para cambiarlo, hay que empezar por ordenarlo. En muchos aspectos no teníamos muy claro que íbamos a encontrar, sí en lo que respecta a la relación funcional, aunque no con la precisión de datos con la que habríamos tenido control inmediato. Esos proyectos son ordenadores y generadores de meritocracia y competencia entre los funcionarios, cuya profesionalización queremos. Del mismo modo que fue ausentista en lo interno, durante mucho tiempo Uruguay lo fue en lo internacional. La ONSC es miembro y tuvo la presidencia de la Conferencia Latinoamericana de Administración (CLA), donde se analizan los proyectos de cambio de los estados miembros. Antes no se participaba.
Lamentablemente, para solucionar los problemas de la ONSC no hay que desatar un nudito, es una “galleta” que implica convencer a los parlamentarios de incluir normas en la ley presupuestal y a las organizaciones sindicales de la conveniencia de ciertos cambios, a lo que debe sumarse una nueva cultura del funcionario que siempre dice “no se puede”.
¿Qué significa “ausentista en lo interno”?
¿Dónde o cuándo abrió un debate nacional sobre reforma? La ciudadanía sólo escuchaba que había que achicar el Estado. ¿Qué funciones tiene que recuperar y de cuáles prescindir? Para iniciar el debate, empezamos por poner a consideración la idea del Estado que queremos.
Esto también se vincula a la capacitación. Si parto de que no me interesan los funcionarios públicos, ¿para qué los voy a capacitar o presupuestar si creo que son un escollo para el laisez faire, laisez passer? ¿Cómo se explica que exista una ley de 1985 sobre presupuestación de contratados, para que tengan su carrera funcional, y ésta no se hizo hasta la primera rendición de cuentas del FA? Se quería flexibilidad e inestabilidad, pero ¿qué empresa no trabaja apuntando a un sentido de pertenencia de su gente?
Presente, ordenado, eficiente
Si quiero un Estado presentista, no invasor pero si ordenado, eficiente y al servicio del país productivo, lo tengo que traducir en pasos concretos: por ejemplo, acordamos con la Universidad de la República la creación de una Maestría para la Función Pública. No puedo partir de que el funcionario hace las cosas mal porque es un inepto.
Hay un problema de imagen, que irradiaban al funcionario, su jefe inmediato y el jerarca, todos comprometidos en un sistema perverso de amiguismos y temores.
Fue fomentada, generada por el clientelismo político. Si para ser funcionario público alcanza con ser “amigo del de turno”, se ingresa sin la dignidad del trabajador. Esto se soluciona, en esos tres niveles que usted apuntaba, con un proyecto de cambio aprobado en la ley presupuestal. Tenemos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con contrapartida nacional, para trabajar en un calendario estricto de cambios; se harán en el marco de la negociación colectiva y con un ritmo de trabajo condicionado por la Constitución, los tiempos políticos, electorales – en principio, vamos a estar cinco años –, presupuestales – podemos perder un año o más si no incluimos algo en la norma – y de negociación.
Usted plantea un panorama bastante negativo de lo que fue la ONSC, al frente de la cual estuvieron connotados especialistas.
La mayor legitimidad de los cambios no la da sólo la capacidad técnica de quienes están al frente de la oficina, sino del respaldo y exigencia del presidente. Sobre lo sucedido caben dos hipótesis: que se hubiera tenido gran incapacidad para hacer las cosas o que se hubiera cumplido estrictamente con el proyecto de destruir al Estado. Si se quiere que todos lo vean como una traba para el desarrollo nacional es fácil: alcanza con quedarse quieto. Con un fuerte proyecto de cambio se puede trabajar con los funcionarios de carrera, que no los cambiamos. Tenemos que hacer pasar el programa por la estructura existente, poniéndola en combate para que haga lo que queremos se haga. No se puede hacer un Estado paralelo.
¿Cómo reacciona la gente?
De modo diverso, desde lo maravilloso hasta lo “retrechero”, pero cuando comienza la batalla por el cambio a los relojes se agregan los controles sociales. Cuando se trabaja en un grupo identificado con un proyecto y alguien “tira para atrás”, no se necesita que le hable el jerarca, lo hacen los compañeros. Estamos generando un nuevo paradigma del funcionario público, al que nunca le gustó ser mal visto por la ciudadanía.
No es una changa
Pueden ser “malos” porque no están motivados por el pago, necesitan multiempleo y su principal ingreso no es el público.
Un presidente de la República dijo “ellos hacen como que trabajan y yo como que los pago”. No lo acepto, no se puede estar en el gobierno para declinar potestades. Queremos que tengan mejores salarios, y parte de lo incluido en el Acuerdo Marco es recuperación de salario en el quinquenio igual a lo perdido en el período anterior. No alcanza, pero debe ser la tendencia para que se vea en el trabajo público una posibilidad de desarrollo, que no es una changa. El FA hizo la experiencia en la Intendencia de Montevideo, donde ingresar no fue sencillo, suponía competir con ocho o diez mil postulantes en igualdad de condiciones.
“Cuando hablamos de ‘transformación’”, sostuvo el funcionario, “no referimos a arrasar al Estado, sino de modificar lo que traba el desarrollo del ‘Uruguay productivo’. La construcción del Estado debe verse como un legado que expresa la solidaridad entre generaciones. Debemos dar posibilidades de participar en el debate a organizaciones sindicales y actores económicos, junto al gobierno que asumió el 1º de marzo de 2005 y ya el 17 convocó al Consejo Superior de Salarios de la administración pública. Si no viene pensado desde fuera, es muy difícil que los tiempos alcancen para lograr en 17 días dejar instalada esa negociación colectiva”.
¿Cuáles son los alcances que puede tener la negociación entre gobierno y organizaciones sociales?, ¿estamos hablando de cogobierno?
Si se instrumentan cambios desde la autoridad, es posible que no se puedan implantar. Vale la pena el tiempo que se utilice para análisis, generación de plataformas y programas y proyectos participativos. La ONSC ha instalado un programa – “Transformación de los recursos humanos del Estado” – que contiene cuatro grandes proyectos: “Sistema ocupacional y retributivo” – hay que reducir 262 objetos de gasto por los que se pagan retribuciones (rubro 0) a sólo cinco -, “Sistema de la gestión de los recursos humanos en el Estado” – tratando de dar unidad a la administración central, hoy absolutamente diversa, en dependencia del inciso que se analice -; creación de una nueva ley del servicio civil y fortalecimiento de la ONSC.
Todos los nuevos gobiernos refieren a los anteriores fustigándolos, ¿qué dicen ustedes haber encontrado?
Un Estado absolutamente vaciado, desguazado, con su sistema de decisiones desarticulado, envejecido, desacostumbrado al diálogo con los ciudadanos y en situación caótica. Para cambiarlo, hay que empezar por ordenarlo. En muchos aspectos no teníamos muy claro que íbamos a encontrar, sí en lo que respecta a la relación funcional, aunque no con la precisión de datos con la que habríamos tenido control inmediato. Esos proyectos son ordenadores y generadores de meritocracia y competencia entre los funcionarios, cuya profesionalización queremos. Del mismo modo que fue ausentista en lo interno, durante mucho tiempo Uruguay lo fue en lo internacional. La ONSC es miembro y tuvo la presidencia de la Conferencia Latinoamericana de Administración (CLA), donde se analizan los proyectos de cambio de los estados miembros. Antes no se participaba.
Lamentablemente, para solucionar los problemas de la ONSC no hay que desatar un nudito, es una “galleta” que implica convencer a los parlamentarios de incluir normas en la ley presupuestal y a las organizaciones sindicales de la conveniencia de ciertos cambios, a lo que debe sumarse una nueva cultura del funcionario que siempre dice “no se puede”.
¿Qué significa “ausentista en lo interno”?
¿Dónde o cuándo abrió un debate nacional sobre reforma? La ciudadanía sólo escuchaba que había que achicar el Estado. ¿Qué funciones tiene que recuperar y de cuáles prescindir? Para iniciar el debate, empezamos por poner a consideración la idea del Estado que queremos.
Esto también se vincula a la capacitación. Si parto de que no me interesan los funcionarios públicos, ¿para qué los voy a capacitar o presupuestar si creo que son un escollo para el laisez faire, laisez passer? ¿Cómo se explica que exista una ley de 1985 sobre presupuestación de contratados, para que tengan su carrera funcional, y ésta no se hizo hasta la primera rendición de cuentas del FA? Se quería flexibilidad e inestabilidad, pero ¿qué empresa no trabaja apuntando a un sentido de pertenencia de su gente?
Presente, ordenado, eficiente
Si quiero un Estado presentista, no invasor pero si ordenado, eficiente y al servicio del país productivo, lo tengo que traducir en pasos concretos: por ejemplo, acordamos con la Universidad de la República la creación de una Maestría para la Función Pública. No puedo partir de que el funcionario hace las cosas mal porque es un inepto.
Hay un problema de imagen, que irradiaban al funcionario, su jefe inmediato y el jerarca, todos comprometidos en un sistema perverso de amiguismos y temores.
Fue fomentada, generada por el clientelismo político. Si para ser funcionario público alcanza con ser “amigo del de turno”, se ingresa sin la dignidad del trabajador. Esto se soluciona, en esos tres niveles que usted apuntaba, con un proyecto de cambio aprobado en la ley presupuestal. Tenemos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con contrapartida nacional, para trabajar en un calendario estricto de cambios; se harán en el marco de la negociación colectiva y con un ritmo de trabajo condicionado por la Constitución, los tiempos políticos, electorales – en principio, vamos a estar cinco años –, presupuestales – podemos perder un año o más si no incluimos algo en la norma – y de negociación.
Usted plantea un panorama bastante negativo de lo que fue la ONSC, al frente de la cual estuvieron connotados especialistas.
La mayor legitimidad de los cambios no la da sólo la capacidad técnica de quienes están al frente de la oficina, sino del respaldo y exigencia del presidente. Sobre lo sucedido caben dos hipótesis: que se hubiera tenido gran incapacidad para hacer las cosas o que se hubiera cumplido estrictamente con el proyecto de destruir al Estado. Si se quiere que todos lo vean como una traba para el desarrollo nacional es fácil: alcanza con quedarse quieto. Con un fuerte proyecto de cambio se puede trabajar con los funcionarios de carrera, que no los cambiamos. Tenemos que hacer pasar el programa por la estructura existente, poniéndola en combate para que haga lo que queremos se haga. No se puede hacer un Estado paralelo.
¿Cómo reacciona la gente?
De modo diverso, desde lo maravilloso hasta lo “retrechero”, pero cuando comienza la batalla por el cambio a los relojes se agregan los controles sociales. Cuando se trabaja en un grupo identificado con un proyecto y alguien “tira para atrás”, no se necesita que le hable el jerarca, lo hacen los compañeros. Estamos generando un nuevo paradigma del funcionario público, al que nunca le gustó ser mal visto por la ciudadanía.
No es una changa
Pueden ser “malos” porque no están motivados por el pago, necesitan multiempleo y su principal ingreso no es el público.
Un presidente de la República dijo “ellos hacen como que trabajan y yo como que los pago”. No lo acepto, no se puede estar en el gobierno para declinar potestades. Queremos que tengan mejores salarios, y parte de lo incluido en el Acuerdo Marco es recuperación de salario en el quinquenio igual a lo perdido en el período anterior. No alcanza, pero debe ser la tendencia para que se vea en el trabajo público una posibilidad de desarrollo, que no es una changa. El FA hizo la experiencia en la Intendencia de Montevideo, donde ingresar no fue sencillo, suponía competir con ocho o diez mil postulantes en igualdad de condiciones.
El que así ingresa no le debe nada a nadie, lo logró con su esfuerzo en la libre competencia con sus iguales y, desde que entra, ya es otra persona. En 1990, llegamos a la comuna capitalina con casi 13.000 funcionarios, en cinco años quedaron 9.000 y hoy son menos, se redujo el horario y el peso de los servicios personales en el presupuesto, y se cumplen más tareas.
En el Estado tenemos que posibilitar que el funcionario crezca, que pueda tener una carrera y que, cuando llegue a la cúspide, tenga la mayor formación. Tenemos un Estado con 220.000 funcionarios, 90.000 en la Administración Central. Es más difícil, puede llevar más tiempo.
¿Cómo se equilibran fuerza política, gobierno y Estado?
La fuerza política es portadora de un programa, puesto a consideración de la ciudadanía, los planes de gobierno corresponden al presidente y su equipo. Nunca una fuerza política funciona a la velocidad que lo hace el gobierno ni tiene los instrumentos para sustituirlo. Importa la coordinación y ensemble entre el proyecto programático y los planes de gobierno que, al final del quinquenio se expresará en el nuevo programa a ofrecer. En 2004 teníamos un programa de acuerdo a las condiciones en que estaban el país y el Estado; para el 2009, el piso subirá y deberemos ofrecer otra cosa.
En la campaña electoral, la oposición podrá decir que ustedes hicieron del Estado algo irreconocible para otra fuerza política.
Cuando algo se hace con la ciudadanía, como estamos haciéndolo, y es bueno, volver atrás no va a resultar fácil. Un ejemplo: hoy, ¿conoce a alguien que no hable de “vecinos”?, es una categoría que era poco referida cuando ingresamos a la IMM. Del mismo modo, no estamos hablando de “usuario” o “cliente” – que es una rémora gerencialista de los cambios que quisieron hacerse en cierto momento -, sino de “ciudadano”, que es lo supremo en este tipo de relación y un control sobre la situación y actividad del Estado.
Por ejemplo, en UTE, un director gana la mitad, o menos, de lo que reciben cada uno de los 150 gerentes del organismo. Esto ocurre en otros entes y servicios, ¿cómo se soluciona? Además, el gerente sabe que va a permanecer toda su vida laboral en la empresa pública, mientras el director no sabe qué pasará en cinco años y cada día depende de la voluntad del presidente de la República.
Uno debe partir del principio de realidad, la vida no empieza cuando llega y nadie viene a “patear las puertas” al estilo del Lejano Oeste; pero no puedo aceptar que sea un gerente el que de la línea. A mi me pusieron para aplicar un programa e impulsar proyectos – como representante de los cambios aprobados por la ciudadanía -, los gerentes deben hacer lo que les digo que hagan, son funcionarios y no hay grado de autonomía que les permita hacer lo que yo no quiero. Creo que la gente se va a subir al proyecto; si no lo hace, no hay institución, por más independiente que sea, que no tenga un estatuto que permita aplicar las sanciones correspondientes.
¿Usted piensa que un cambio de ese tipo ya se nota desde que asumió este gobierno?
En grandes líneas, sí. Esto es un trasatlántico muy pesado, difícil de mover, pero se nota que va a algún lado y que hay cambios; hay que pensar si está en movimiento, si la dirección es la correcta, si los cambios propuestos son los que quiere la ciudadanía. Si siempre dijimos que el Estado tal como estaba no servía, no podemos meter nuestro proyecto por el mismo canal y que salga lo que queremos.
***
El decálogo de la reforma
Según Humberto Ruocco, la transformación del Estado y la Administración Pública (AP) debe desarrollarse en función de dos dimensiones:
Política – transitará por los grandes ejes de la institucionalidad democrática, con estrecha vinculación entre la lógica de las bases programáticas y la estructura actual del Estado, operando los cambios en un proceso dotado de legitimidad.
Científico-técnica: imprime el rigor que produce coherencia estratégica y táctica de transformación y facilita encontrar soluciones acordes a las necesidades y requerimientos de la sociedad y a las posibilidades del país.
En el Estado tenemos que posibilitar que el funcionario crezca, que pueda tener una carrera y que, cuando llegue a la cúspide, tenga la mayor formación. Tenemos un Estado con 220.000 funcionarios, 90.000 en la Administración Central. Es más difícil, puede llevar más tiempo.
¿Cómo se equilibran fuerza política, gobierno y Estado?
La fuerza política es portadora de un programa, puesto a consideración de la ciudadanía, los planes de gobierno corresponden al presidente y su equipo. Nunca una fuerza política funciona a la velocidad que lo hace el gobierno ni tiene los instrumentos para sustituirlo. Importa la coordinación y ensemble entre el proyecto programático y los planes de gobierno que, al final del quinquenio se expresará en el nuevo programa a ofrecer. En 2004 teníamos un programa de acuerdo a las condiciones en que estaban el país y el Estado; para el 2009, el piso subirá y deberemos ofrecer otra cosa.
En la campaña electoral, la oposición podrá decir que ustedes hicieron del Estado algo irreconocible para otra fuerza política.
Cuando algo se hace con la ciudadanía, como estamos haciéndolo, y es bueno, volver atrás no va a resultar fácil. Un ejemplo: hoy, ¿conoce a alguien que no hable de “vecinos”?, es una categoría que era poco referida cuando ingresamos a la IMM. Del mismo modo, no estamos hablando de “usuario” o “cliente” – que es una rémora gerencialista de los cambios que quisieron hacerse en cierto momento -, sino de “ciudadano”, que es lo supremo en este tipo de relación y un control sobre la situación y actividad del Estado.
Por ejemplo, en UTE, un director gana la mitad, o menos, de lo que reciben cada uno de los 150 gerentes del organismo. Esto ocurre en otros entes y servicios, ¿cómo se soluciona? Además, el gerente sabe que va a permanecer toda su vida laboral en la empresa pública, mientras el director no sabe qué pasará en cinco años y cada día depende de la voluntad del presidente de la República.
Uno debe partir del principio de realidad, la vida no empieza cuando llega y nadie viene a “patear las puertas” al estilo del Lejano Oeste; pero no puedo aceptar que sea un gerente el que de la línea. A mi me pusieron para aplicar un programa e impulsar proyectos – como representante de los cambios aprobados por la ciudadanía -, los gerentes deben hacer lo que les digo que hagan, son funcionarios y no hay grado de autonomía que les permita hacer lo que yo no quiero. Creo que la gente se va a subir al proyecto; si no lo hace, no hay institución, por más independiente que sea, que no tenga un estatuto que permita aplicar las sanciones correspondientes.
¿Usted piensa que un cambio de ese tipo ya se nota desde que asumió este gobierno?
En grandes líneas, sí. Esto es un trasatlántico muy pesado, difícil de mover, pero se nota que va a algún lado y que hay cambios; hay que pensar si está en movimiento, si la dirección es la correcta, si los cambios propuestos son los que quiere la ciudadanía. Si siempre dijimos que el Estado tal como estaba no servía, no podemos meter nuestro proyecto por el mismo canal y que salga lo que queremos.
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El decálogo de la reforma
Según Humberto Ruocco, la transformación del Estado y la Administración Pública (AP) debe desarrollarse en función de dos dimensiones:
Política – transitará por los grandes ejes de la institucionalidad democrática, con estrecha vinculación entre la lógica de las bases programáticas y la estructura actual del Estado, operando los cambios en un proceso dotado de legitimidad.
Científico-técnica: imprime el rigor que produce coherencia estratégica y táctica de transformación y facilita encontrar soluciones acordes a las necesidades y requerimientos de la sociedad y a las posibilidades del país.
Todas las políticas de reforma plantean desafíos frontales cuya respuesta requiere cambios en los diferentes sistemas de gestión. Lo que cruza transversalmente a esta Reforma del Estado se atiene a criterios de institucionalidad y valen para todas las transformaciones, para las cuales Ruocco estableció el siguiente decálogo:
1) El fortalecimiento del Estado guarda una relación positiva y armónica con el del entretejido social.
2) La gestión del Estado (GE) se apoya en un enfoque moderno del Derecho Público, que preserve la tradición democrática del país y busque a su vez innovaciones que caracterizan a las democracias modernas.
3) La GE debe conducirse por medio de políticas activas que busquen en cada institución el cumplimiento pleno de sus cometidos con eficacia, eficiencia y calidad.
4) La elaboración de las decisiones estatales se hace garantizando la participación de los diferentes agentes económicos y actores sociales en una coherencia gubernamental que es explícita.
5) La GE tiende a la dignificación y desarrollo del funcionario, elemento esencial para la producción de valor, lo que generará la reconstrucción solidaria del Estado y nuevas oportunidades para un combate a la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de parasitismo o corrupción.
6) La recolección, tratamiento, procesamiento, utilización y guarda de la información que maneja la AP se hacen según una normativa democrática que resguarda los valores esenciales de personas y derechos humanos.
7) Se elimina en forma paulatina el informalismo y la inequidad en la AP, con arreglo a la transparencia y vigencia de las normas de Derecho.
8) Se impulsa una política de descentralización, que se combina con una paulatina desconcentración y generación de una gestión local.
9) Los recursos del Estado son administrados según criterios rigurosos de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos nacionales en torno al país productivo, la solidaridad social y el crecimiento económico.
10) Los recursos materiales y financieros del Estado se gestionan con austeridad, evitando todo tipo de desperdicio o vilipendio.
***
De “rodilleros” y ascensores preguntones
“Cuando yo era dirigente sindical, en la salida democrática, fuimos a hablar con (el intendente doctor Aquiles) Lanza, nos dijo que no se podían aumentar los salarios porque eso contravenía la política del gobierno central. Acordamos crear compensaciones, por ejemplo, para obreros, por “rodilleros” (el que pasa rodillo al bachear una calle), “rastrilleros”, “coleros”. Claro, cuando el colero tiraba el alquitrán en un bache, el rodillero se quedaba de brazos cruzados, y viceversa. Cuando llegó Tabaré Vázquez a la IMM, se acabaron los inventos, todos a hacer todo y el sueldo creció, sin mentiras y respetando la incorporación de tecnología. No vamos a tener ascensoristas si los ascensores andan solos y te preguntan cuando querés subir y cuando bajar”.
***
Inamovilidad: la estabilidad como virtud
Consultado sobre la inamovilidad de los funcionarios públicos, Ruocco señaló que recientemente “se confundieron las virtudes de la estabilidad de la carrera administrativa con las patologías de la estabilidad funcional alimentada por el clientelismo”.
Insistió en que “la relación del Estado con sus trabajadores sufrió una evolución profunda, desarrollándose con virtudes y patologías. El Estado enfrentó como desafío la formación de una burocracia ‘weberiana’ - cuerpo de funcionarios estables con sistema de reglas meritocrático, jerárquico y centralizado –“.
En el artículo 59 de la Constitución de 1952 quedó consagrada originalmente la carrera administrativa en estatutos múltiples. Al tiempo “este esfuerzo se vio atravesado por el clientelismo político, en los ingresos como en los ascensos”.
En jaque por las crisis crecientes, el Estado “comenzó a golpear a todos los trabajadores con y una reducción sustancial de los salarios y se agitaron la presupuestación y la inamovilidad como males a eliminar”, sostuvo.
“Desde la década de 1990, normas y políticas de reforma operaron provocando la reducción de relaciones humanas estables en el Estado, un paulatino y constante envejecimiento de la plantilla, la sustitución del personal estable por precario sin expectativas de crecimiento en la organización y nuevas formas de clientelismo para tratar de renovar adhesiones perdidas. Se generó un sistema caótico, sin organicidad ni fundamento, más allá de una declarada vocación de reducción de costos, sin meditar en precio alguno”.
Con esta situación, dijo Ruocco, “el Estado pasó a la vanguardia del desconocimiento de los derechos laborales, inclusive de garantías constitucionales, creando una bolsa de trabajadores precarios en franca inferioridad frente a públicos y privados. Esto impone reflexión y acción inmediata, que ataque la patología y ponga a los servidores públicos a la altura de las tareas que requiere un Estado activo, no ausentista del quehacer nacional”.
La estabilidad de los trabajadores “es factor fundamental en la administración de cualquier empresa, más necesaria cuanto mayor volumen y complejidad requiere, y no puede confundirse con una patologías; es condición que permite desarrollar una carrera funcional, pues significa un incentivo para la capacitación y un proyecto de futuro. Desde el punto de vista estatal, implica captar trabajadores con capacidad de evolución que liguen su futuro al desarrollo de la tarea y que tienen disposición para aprender y contribuir a la mejora de la gestión”
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