como es obvio, las opiniones políticas, bien
fundadas, van por cuenta de quién las
propone, y se admiten contraproposiciones, red
Si mides los panes, la conclusión es una sola
Gila describía la urgente renuncia al Partido Comunista como reacción inmediata de quien gana el premio mayor de la lotería. De seguro, el humorista español volvería a explayar el irónico poder de observación que caracterizaba sus frecuentes visitas a los países platenses si, hoy y aquí, constatase que un cierto Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pregona “Justicia tributaria para los que tienen menos recursos”, arbitrio ideado para limitar la ecuanimidad mandatada por la Constitución para todos los ciudadanos. E ignorando olímpicamente que todos y cada uno los integrantes del pueblo deben ser considerados idénticos ante la Ley, penaliza por descarte, arrollando incuestionables derechos, a los culpables de no tener menos.
Con ello, el gobierno de cambio cambia, igualando hacia abajo y con criterio clasista propio del ismo que mucho después de Gila desapareciera sólo en naciones con capacidad de pensar.
Clonando la discriminación programática perpetrada a nivel departamental en la contribución inmobiliaria mediante la condonación de atrasos en barrios a su entender menos chics, dicha secretaría de Estado profundizó el arbitrio anunciando expresos descuentos en UTE (80% en cargos fijo y por potencia, 20% para los primeros 100 kWh de consumo), con la aclaración de que los eventuales postulantes obtendrán “financiaciones especiales” para sus deudas de ya ser clientes, y si no lo son, “accederán al servicio sin costo”. Concluye que empresa y ministerio “juntan sus energías para que la electricidad llegue a todos” (falso: todos, no; el beneficio es privativo para inscriptos en el Panes, Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, dejando claro que esta no bíblica multiplicación panificadora exceptúa a humildes con dignidad pero sin patente de pobreza ostensiva, condición en muchos casos falluta como la de beneficiarios que mes a mes agotaban de apuro el subsidio consumiendo copas en el boliche más cercano a la ventanilla que lo liquidaba).
En una línea de coherencia, el Banco de Previsión Social (BPS) ubica el tope jubilatorio para empleados y patrones en poco más de dos tercios de los $ 28.332 fijados como remuneración en un llamado a novatos funcionarios para el mismo instituto publicitado el 6 de junio último, cerrando el organismo pingüe negocio toda vez que quien pasa a retiro suma y no recupera ni cerca –ejemplo real, como tantos otros– 57 años de tributos previdenciarios desde múltiples empleos calificados o no y a veces simultáneos. Y a ese jubilado con tope no le cabe nada más salvo, si cumplió 70 años de edad, transporte colectivo metropolitano gratis en domingos y ciertos feriados.
Cosa parecida ocurre con el Fonasa (Fondo Nacional de Salud), sigla que más parece apodo de tenefonista gorda, creado para que los que reciben menos –gente humilde sacrificada y honrada pero también vagabundos oportunistas– mejoren lo suyo a costa del laborioso resto, aunque a los no rotulados como carentes la salud se les escape como agua de un canasto por pagar el precio de haberse descostillado trabajando con tremendo rigor y en planilla desde niños, pasando hoy a invertir la mayor parte de su único y último ingreso en medicamentos.
A estos ex clase media, el haber pago mutualista de por vida activa sólo les sirve para, en retiro y hasta que la queden, seguir abonando pesada cuota de entre $ 1.000/2.000 para en definitiva compartir beneficios compulsivamente con paracaidistas de la vida, privándose a aquéllos de la prebenda anual de gratuidad reservada a estos últimos (36 medicamentos, pudiendo 12 de ellos ser “raros”, una docena de consultas médicas, urgencias a domicilio, un examen de Rayos X, dos “rutinas” de laboratorio, más –de yapa– cirugía de cataratas al barrer made in Cuba y otras yerbas), resuelta únicamente para jubilados/pensionistas no privilegiados que perciben hasta $ 4.800. Lógica frenteamplista: jubilarte con más de $ 4.800 es un “privilegio”, no un derecho adquirido rompiéndote el lomo.
¿Que ocurre, a su vez, con la cónyuge legal, durante más de medio siglo, del individuo que tomábamos como ejemplo? Incansable ama de casa, esposa y madre tanto como en el desempeño de ocupaciones calificadas y alta responsabilidad a las que dignamente y sin quejas se hizo espacio en base a la educación recibida y ahincado denuedo individual por dominar cinco idiomas y cultivar las artes.
A ella, típico ejemplar de aquella clase media que hizo memorable a este país, el BPS le otorga una jubilación de poco más de $ 3.000, es decir, en principio comprendida en la franja a la que sí se reservan compensaciones como pago de su sociedad médica y régimen de consiguiente acceso sin cargo a los servicios en esa mutual de la que es socia. Pero no, la criba revanchista de clases decide que siga pagando la máxima tarifa a la sociedad médica para mantener un superávit en la previsión social capaz de premiar a quienes contemporáneamente se asociaban para delinquir contra la democracia y su poder constituído o, sin tantas pretensiones revolucionarias, robaban macetas de cualquier balcón para revender en la feria adecuada o incautaban desde jabones a lamparitas y canillas en baños de los bares a los que a esa clase de malandra –los desconocidos de siempre– ya no le es permitido ingresar. ¿Por qué? “El ingreso familiar global (sumada la jubilación del marido) supera los $ 4.800”.
Es decir, a dedo, la foja individual del contribuyente dejó de ser sagrada y ahora se maneja como colectiva.
¿Es, el precedente, un alegato contra el amparo a los no pudientes o al Plan de Emergencia? Ni por asomo. En este mi país, la solidaridad rigió y se impuso naturalmente como uno de los principios ganados con esfuerzo, persistencia y convicción hasta, un dia, ufanarnos de integrar una clase media que fuera robusto sostén social por obra del magistral civismo vernáculo, no necesitado de ideologías foráneas ajenas a la esencia republicana de aquella Suiza de América no proclamada por riqueza, como pretende algún revisionista farsante o mal informado, sino por alumbrar con luz propia la comunidad de naciones sin ismos que tomaban al ilustre Uruguay como modelo.
Por el contrario, que en lo expresado quede implícito el repudio a la farsa de barata politiquería con que se pretende manejar, de nuevo, a electores desprevenidos. El 26 de junio p.p., Enrique Rubio, director de la OPP, ante una platea partidariamente amiga confiaba que si bien el Frente Amplio corre el “riesgo de perder pie” en la clase media, “hay otra parte y es la frontera social que el Frente corrió hacia los niveles de pobreza”, a la que podría convertir “en base electoral” y tener así “asegurada la elección” próxima (Búsqueda, edición Nº 1.464).
Pero en este mandato y, en hipótesis, para el que se viene si prospera la maniobra cazavotos, el poder frenteamplista se atribuye como propio el mérito de un cambio que define otra cara del engaño, pues no es el Estado que aplica fondos legítimos para mejorar el estándar de vida de las clases económicamente bajas sino que secuestra dineros de quienes, clase media, se los ganaron en auténtica ley de juego, para emparejar su estatus con el de los que hoy se renganchan en la conga de la maniobra progresista.
Nota: utilizo el vocablo clase, que como uruguayo siempre detesté, por no encontrar sinónimo con similar graficismo.
Fernando Caputi (22.1.2009)
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